Esto ante la supuesta “intolerancia” de la funcionaria, y las acciones “trujillistas” y “sin control” de la uniformada
Los bloques de diputados de los partidos de oposición sometieron ayer una resolución en la Cámara Baja que solicita la interpelación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del director general de la Policía Nacional (PN), mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por incautar bienes personales (bocinas) sin orden judicial y ante la supuesta “intolerancia” de la funcionaria, y las acciones “trujillistas” y “sin control” de la uniformada.
La pieza fue presentada por los diputados de los partidos de la Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y del Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), mediante una rueda de prensa en el pódium del ala congresual. La oposición logró unirse en esta causa.
Al hacer el anuncio, Rafael Castillo, vocero de la FP en la Cámara Baja, informó que la interpelación es para que la funcionaria y el representante del cuerpo del orden se presenten ante el hemiciclo legislativo para ser abordados respecto “a lo que está sucediendo actualmente con la ciudadanía y el desbordamiento que ha tenido la Policía Nacional, que en los últimos tiempos se está convirtiendo en una Policía sin control y en una Policía trujillista”, denunció.
Ramón Raposo, diputado nacional del PRD, dijo que el país está ante una ministra “intolerante”, quien, ante el clamor de la ciudadanía de no atropello y de no violación a sus derechos, “se muestra intolerante”, como si viviera en un Estado en dictadura, cuando la República Dominicana es un país democrático.
Gustavo Sánchez, portavoz de los diputados del PLD, manifestó que como legisladores tienen mucho que ver con la responsabilidad que la Constitución les provee, que es exactamente fiscalizar a los funcionarios del Estado a los fines que respondan ante el Congreso Nacional por violaciones a las leyes.
La oposición responsabiliza al Partido Revolucionario Moderno (PRM), si quiere “proteger” a Raful y evitar que acuda al hemiciclo.
“En este caso muy evidentes, en lo que tiene que ver con conculcamiento de derechos fundamentales, el hecho de presentarse a lugares privados sin una orden judicial de manera muy recurrente y hasta el último elemento que, sin haber una ley que lo prohíba, tiene mucho que ver con presentarse la ministra de Interior y Policía con el director de la Policía, haciéndole saber cómo que tal o cual actividad comercial tenía restricciones de horario, cuando las circunstancias exactamente dicen todo lo contrario. Ante una situación como esa y el hecho recurrente de esta funcionaria pública, que entiende que el poder es para violar la ley, sobre la base de supuesta violación de la ley, ella se está constituyendo también una violadora de la ley”, expuso Sánchez.
Los dos servidores del Estado deberán comparecer ante el hemiciclo legislativo, en la fecha y hora que el Pleno determine, con el fin de ofrecer explicaciones sobre “los constantes operativos de incautación de bienes sin orden judicial y las posibles violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Los diputados indican que la resolución debe ser publicada en los diarios de circulación nacional y a través de los medios digitales de la Cámara Baja.
Finjus considera que debería ser una invitación y no una interpelación
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que es “normal” y parte de las atribuciones del Congreso Nacional que cualquier funcionario deba darles ciertas explicaciones sobre el trabajo que hace. Sin embargo, precisó que más que una interpelación a Faride Raful, lo que procedería en el caso es una invitación a las cámaras (como indica la Constitución en su artículo 94).
Considera que la situación por la cual se le requiere al Congreso no amerita ser interpelada.
“Se trata de que, sobre la base de que el Ministerio de Interior y Policía ha entendido que hay que someter al orden a determinados sectores, ha diseñado una serie de políticas, que han generado (…) algún rechazo en algunos sectores de la vida nacional”, sostuvo.
Realidad con las interpelaciones
Los proyectos de resoluciones sometidos en el Congreso Nacional para interpelar a funcionarios de esta gestión han fracasado. Desde que el PRM asumió el Gobierno, el 16 de agosto del 2020, en la sede del primer Poder del Estado se han sometido varias resoluciones de interpelaciones a funcionarios, para que acudan al pleno de la Cámara Alta y Baja a rendir cuentas, sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos ha sido efectivo.
En el cuatrienio pasado, legisladores de oposición intentaron interpelar a Chu Vásquez Martínez y Eduardo Alberto Then, exministro de Interior y Policía y exdirector de la Policía Nacional, respectivamente, sin éxito alguno.
El recurso de la interpelación debe constar con el requerimiento “de al menos tres legisladores” y ser aprobado por mayoría de los diputados presentes en una sesión, según se lee en el artículo 95 de la Constitución. Si el servidor público no acude a la cita sin causa justificada o sus declaraciones se consideraran insatisfactorias, podría ser destituido del cargo.
Pidió disculpas a barbero Dawry David Santana
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló ayer que pidió disculpas al barbero Dawry David Santana, con quien se vio involucrado un oficial de la Policía Nacional, en el incidente el pasado fin de semana, en el establecimiento Exótic Barber Shop de Boca Chica.
El miembro de la Policía intentó cerrar la barbería porque supuestamente estaba operando fuera de horario.
Tras ofrecer los detalles durante su entrevista en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, la exsenadora del Distrito Nacional indicó que se reunió con el joven peluquero la mañana de este miércoles, quien fue a su oficina en compañía de su progenitor.
“Si hubo alguna situación en la que él se sintió incómodo, nosotros pedimos disculpas. Lo importante es aprender de estos procesos y asegurarnos de que las regulaciones se apliquen correctamente”, expresó la funcionaria.