RD necesita atención e inversión integral para las alertas
En un país como República Dominicana, donde el impacto del cambio climático ya no es una posibilidad futura sino una realidad tangible, contar con un sistema hidrometeorológico moderno, robusto e integrado no es un lujo, es una necesidad crítica.
Cuando nos acercamos al inicio de la Temporada Ciclónica 2025 es prudente recordar que el nivel de exposición y la vulnerabilidad del país ante los huracanes, tormentas tropicales, lluvias intensas y sequías prolongadas se ve agravada por una infraestructura de monitoreo y respuesta a emergencias que arrastra años de desinversión, fragmentación institucional y carencias operativas.
Así lo demuestran los resultados del proyecto de Gestión de Datos Hidrometeorológicos y Escenarios de Cambio Climático, desarrollado por Guaikia Ambiente por encargo del Gobierno dominicano y gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y cuyo objetivo era ambicioso pero urgente: diagnosticar las capacidades reales del país para monitorear y responder al comportamiento del clima en un contexto de acelerada variabilidad y mayor frecuencia de eventos extremos.
Los resultados, presentados en 2023, fueron tan contundentes como preocupantes: el sistema nacional de predicción meteorológica se encuentra al borde de la inoperatividad. Más del 60% de las estaciones hidrometeorológicas están fuera de servicio, y las pocas que aún funcionan están dispersas entre distintas instituciones que, en muchos casos, no comparten información ni coordinan acciones.
En pocas palabras, la capacidad del país para anticipar riesgos climáticos y responder a ellos está fracturada y su capacidad de actuar con eficacia es limitada.
Atención urgente
Uno de los hallazgos más relevantes del proyecto fue la urgente necesidad de atención integral al sistema meteorológico dominicano.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), conocido hasta hace poco como Onamet y que es la institución encargada de centralizar y procesar la información meteorológica del país, sufre limitaciones operativas estructurales: equipos obsoletos, recursos técnicos limitados, falta de personal especializado y una institucionalidad debilitada que requiere una transformación profunda y estratégica, más allá del cambio de nombre y ministerio de adscripción.
Para funcionar como eje del sistema nacional de alertas tempranas, el Indomet necesita inversiones significativas en plataformas técnicas y tecnológicas, así como en la formación de su personal, tanto en el nivel profesional como técnico.
También es esencial que todas las estaciones meteorológicas del país se integren bajo un mismo sistema unificado de monitoreo y análisis, que permita ofrecer información oportuna, precisa y accionable para todos los sectores estratégicos.
Es decir, que las estaciones meteorológicas que poseen las instituciones y empresas transmitan toda su información a un sistema de monitoreo modernizado e integrado, que permita a los órganos de decisión, actuar a tiempo.
Alerta temprana
Obviamente, en este punto hemos entrado en el tema de las alertas tempranas, debido a que además de tomar decisiones y actuar ante los riesgos de desastres, las autoridades del Gobierno deben informar a la población de manera oportuna acerca de la inminencia de eventos que pongan en riesgo sus vidas y propiedades, y cómo deben actuar para mitigar estos riesgos.
Para ello, República Dominicana está emprendiendo el camino correcto para desarrollar una aplicación instalable en dispositivos electrónicos (teléfonos y tablets), que permita informar sin demoras a la ciudadanía acerca de estos eventos.
Este sistema está siendo desarrollado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés), coordinado desde el Gobierno por el Consejo Nacional para el Cambio Climático, con el Ministerio de la Presidencia y la Comisión Nacional de Emergencias, gracias al financiamiento otorgado por la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes (CDRI, por sus siglas en inglés) que lidera la India.
De hecho, la CDRI aprobó dos financiamientos para estos fines: de un lado, un financiamiento de 500 mil dólares directamente para la República Dominicana, y otros 600 mil dólares para un proyecto regional de alerta temprana que también incluye a Haití y Cuba.
Cielos seguros
A pesar de que el panorama es complejo, existen otros avances importantes que permiten trazar una hoja de ruta.
El hecho de que se haya vuelto a instalar un radar Doppler en Punta Cana aporta una herramienta de gran valor para mejorar el monitoreo meteorológico en tiempo real.
Sin embargo, aún es necesario cubrir el territorio nacional y completar el Mosaico de Radares del Caribe, para lo cual es imprescindible instalar al menos dos radares adicionales: uno al norte del país (Puerto Plata) y otro al sur del territorio nacional (Pedernales).
Estos pasos garantizarían la seguridad de la navegación aérea sobre toda la isla, lo que resulta fundamental para seguir impulsando el desarrollo del turismo en ambas regiones del país y fortalecería la columna vertebral de la economía dominicana.
Esto, además, posicionaría a República Dominicana como un actor estratégico en el sistema de navegación aérea del Caribe, ampliando su liderazgo regional y mejorando las condiciones para el desarrollo de la industria aeronáutica nacional.
Emergencias en emergencias
El monitoreo y alerta temprana es un elemento fundamental del sistema de respuesta a emergencias, pero no lo es todo.
Como se comprobó en noviembre de 2022 y 2023, las lluvias intensas pueden hacer colapsar autovías, puentes y túneles, inundan parqueos soterrados de edificios y causan desplazamiento de comunidades.
De hecho, en algunos países los ciclones y huracanes obligan a evacuar ciudades enteras, y en el caso de República Dominicana, suelen ser barrios ubicados en zonas vulnerables los que requieren ser evacuados.
Sin embargo, las afectaciones causadas por estos fenómenos naturales involucran, casi siempre, a los equipos de rescate y salvamento, con los que también existe una deuda histórica.
Los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil cumplen un rol esencial en la primera línea de respuesta ante desastres, pero trabajan en condiciones muy precarias.
En muchos municipios, incluso en el Distrito Nacional, los miembros de los bomberos deben comprar sus propios uniformes, botas, cascos y equipos de asistencia a las víctimas. El déficit de dotación no solo afecta la seguridad de heridos y enfermos, sino que compromete la seguridad de los propios rescatistas y la efectividad de sus intervenciones.
Para revertir esta situación se requiere una política pública que garantice el financiamiento estructural y sólido, la profesionalización del personal de atención a emergencias y su inclusión plena en los sistemas de seguridad y protección civil.
Es fundamental dignificar la labor de quienes arriesgan sus vidas para protegernos a todos.
Otro aspecto en el que se debe mejorar la respuesta a emergencias para salvar vidas es la comunicación entre instituciones para que, a través de protocolos comunes, se agilice el tiempo de respuesta a las emergencias.
Ese proceso debe involucrar directamente a a las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y deberían jugar un papel decisivo en facilitar el desplazamiento de ambulancias, camiones de bomberos y equipos de rescate y atención a emergencia durante una crisis.
Es una constante ver que estas unidades pierdan valiosos minutos atrapadas en el congestionado tráfico de la ciudad, en donde, además, muchos conductores no son suficientemente colaboradores para cederles el paso de manera inmediata.
Esto sólo se podrá revertir integrando a las unidades motorizadas de la PN y de la Digesett como escolta o flanqueadores de las ambulancias y camiones de bomberos.
En resumen, República Dominicana necesita una atención e inversión integral en todo el sistema de prevención y alerta ante eventos hidrometeorológicos, que además fortalezca la respuesta y atención a emergencias, para asegurar la protección de las vidas de los dominicanos y las dominicanas que, como pudimos comprobar en los trágicos acontecimientos de las últimas semanas, llegan a ser totalmente dependientes del trabajo de estos organismos públicos.
